Cómo hacer que trabajar en Andorra vuelva a permitir vivir bien y con dignidad en Andorra. Si hay una cuestión que, a mi entender, debería obligar a todos los partidos que se presenten a las elecciones de 2027 a dejar de lado las rivalidades estériles y a pensar en un tema que, por una vez, los una en una gran estrategia de Estado, es esta: cómo hacer que trabajar en Andorra vuelva a permitir vivir bien y con dignidad en Andorra.
En el programa Fent Números del 17 de abril de 2026 expuse lo que un líder sindical, Gabriel Ubach, había propuesto unos días antes y que, aunque de entrada pudiera parecer una exageración inalcanzable, me sirvió de base para plantear cuál debería ser el elemento central del debate político en los
próximos años.
La idea era que el salario mínimo pudiera llegar, con un plazo prudencial, a los 2.500 euros. Sinceramente, no lo considero una extravagancia, sino, más bien, la constatación de una realidad que cada vez más gente vive en primera persona: el país crece, sí, pero una parte importante de los ciudadanos no progresa al mismo ritmo.
¿Una actualización salarial o una transformación nacional?
El Gobierno ha fijado para 2026 un salario mínimo interprofesional de 1.525,33 euros, tras una subida del 5,4%, equivalente al doble del IPC de 2025. También ha reiterado que el objetivo es avanzar hacia el umbral del 60% del salario medio, en línea con la referencia europea.
Ahora bien, lo que yo planteo no es una simple actualización salarial: es una operación de transformación nacional.
Para entender la magnitud del reto, basta con un dato: llevar el SMI hasta los 2.500 euros en cuatro años exige un ritmo de crecimiento aproximado del 13,15% anual. Esto solo se consigue si el país genera más valor por trabajador, mejora la productividad, eleva la cualificación y reorganiza su modelo económico.
El poder adquisitivo como gran consenso nacional
Es indudable que el líder sindical mencionado tiene razón en el diagnóstico social, porque es evidente que una parte de los salarios bajos ya no soporta con suficiente dignidad el coste de la vida andorrana, especialmente por la presión derivada del incremento del precio de la vivienda.
Pero, para hacer una afirmación así, haría falta una estrategia muy definida que, de momento, no he visto que nadie plantee con la seriedad necesaria.
Aquí es donde la política de 2027 y de los años siguientes debería estar a la altura, situando el poder adquisitivo como uno de los grandes elementos de consenso nacional de la próxima legislatura.
No solo la vivienda.
No solo el salario mínimo.
No solo el crecimiento.
El poder adquisitivo, que es la suma de todo: salario, vivienda, coste de vida, oportunidad profesional y capacidad real de construir un proyecto de vida en el país.
Reorganizar el modelo económico andorrano
Queda claro que Andorra no podrá elevar de verdad los salarios si continúa aceptando que los grandes sectores tradicionales sean sectores estructuralmente mal pagados. El comercio, la hostelería, la restauración, una parte de los servicios y buena parte de los trabajos menos cualificados no pueden seguir funcionando bajo la resignación implícita de que “siempre ha sido así”.
Neguémoslo con fuerza: no tiene por qué ser así.
El comercio andorrano debe elevarse hacia una mayor prescripción, más experiencia, más omnicanalidad y más valor por cliente. La hostelería y la restauración deben dejar de competir solo en volumen y pasar a competir en calidad, organización, profesionalización y gasto medio por visitante.
La construcción debe tecnificarse, industrializarse y crear una gran escala intermedia de perfiles cualificados.
La Administración pública debe simplificarse, digitalizarse y dejar de ser, en demasiados casos, una estructura de fricción para convertirse en una auténtica plataforma de competitividad. Y, en paralelo, el país debe apostar de verdad por los sectores que pueden tirar con fuerza hacia arriba: salud, deporte, tecnología, servicios digitales y servicios profesionales avanzados.
Hacia un Pacto Nacional por el Poder Adquisitivo
Esta dirección encaja plenamente con el Plan Nacional para la Innovación y la Diversificación y con la Estrategia digital 2030 ya definidos por el Gobierno, a los que debería añadirse un Pacto Nacional por el Poder Adquisitivo 2027-2030, con objetivos anuales, indicadores claros y compromisos verificables sobre salarios, productividad, vivienda, simplificación administrativa y transformación sectorial.
Y, por supuesto, con un objetivo muy concreto: conseguir que el ciudadano que hoy trabaja, y a menudo trabaja mucho, tenga en el año 2030 una vida sensiblemente mejor que la de 2026.
El verdadero progreso se refleja en la vida de las personas
La experiencia comparativa europea nos demuestra que los países que han alcanzado salarios mínimos más altos no han llegado ahí por impulsos improvisados, sino por mecanismos estables, economías más productivas e instituciones más robustas. Francia, Alemania, los Países Bajos o Luxemburgo son un ejemplo.
Por eso debemos situar el poder adquisitivo en el centro del consenso político, abandonando la tradicional gestión de la tensión y empezando a construir prosperidad de verdad. Porque, al fin y al cabo, el progreso real no se mide solo por el crecimiento del PIB, sino por la capacidad de una familia de vivir con dignidad de su trabajo. Por tanto, digámoslo sin rodeos: sin un poder adquisitivo digno no hay progreso real.
