Hablar hoy de vivienda en Andorra es hablar de una de las cuestiones más sensibles y determinantes para el futuro del país. Detrás de los datos, a menudo fríos e impersonales, hay historias reales: jóvenes que no pueden emanciparse, familias que buscan desesperadamente un alquiler asequible, residentes de toda la vida que se ven obligados a marcharse del centro o, directamente, del país. Es la cara menos amable de un éxito económico que, si no se gestiona con inteligencia y visión estratégica, puede acabar convirtiéndose en un fracaso de nuestra sociedad.
Cifras que preocupan y marcan un antes y un después
Según datos recientes de RID Analytics, el precio medio de la vivienda en Andorra se ha situado en 5.400 euros por metro cuadrado, llegando hasta los 6.200 euros en edificios nuevos. Esto significa que el coste por metro cuadrado es hoy superior al de Barcelona, y que la diferencia se amplía año tras año. En términos de alquiler, la media nacional supera los 25 euros por metro cuadrado, con grandes variaciones según la parroquia. Estas cifras, que podrían parecer propias de grandes capitales europeas, contrastan con la realidad de los salarios y con la reducida dimensión de nuestro mercado laboral y residencial.
Polarización territorial
El análisis territorial de este mismo informe confirma una Andorra cada vez más polarizada. Escaldes-Engordany encabeza el segmento alto del mercado, con precios de 7.400 euros/m² en vivienda terminada y hasta 8.500 euros/m² en obra nueva. Algunas promociones de lujo incluso superan los 19.000 euros/m², niveles que sitúan al país en la órbita de zonas como Mónaco o Luxemburgo.
En el otro extremo, Sant Julià de Lòria se consolida como la opción más asequible, con 4.175 euros/m² en vivienda terminada y 20 euros/m² en alquiler, convirtiéndose en refugio de la clase media y de las familias trabajadoras. Entre estos dos extremos, Encamp y La Massana representan opciones intermedias, mientras Ordino y Andorra la Vella se acercan cada vez más al segmento del lujo.
Un modelo que debe revisarse con urgencia
El problema no es solo de precios, sino de modelo. Durante años, el país ha vivido un auge inmobiliario impulsado por su fiscalidad atractiva y por la demanda internacional de un entorno seguro, estable y de calidad. Sin embargo, esta misma prosperidad ha desplazado al residente local del centro económico y geográfico del país.
Los promotores, legítimamente orientados al beneficio, concentran sus esfuerzos en zonas con mayor margen de rentabilidad, mientras las parroquias con menor atractivo especulativo se convierten en espacios de segunda categoría. El resultado es un mercado desequilibrado, con un lujo concentrado y una periferia que absorbe la necesidad residencial de la mayoría.
Crisis estructural y responsabilidad política
Es necesario decirlo claro: Andorra sufre hoy una crisis de acceso a la vivienda que ya no puede atribuirse únicamente a la falta de suelo o a la inflación. Es una crisis estructural, derivada de un modelo económico sin suficiente regulación social, de una falta de planificación urbanística a largo plazo y, sobre todo, de la inexistencia de una política pública de vivienda robusta y sostenida en el tiempo. Nos hemos centrado en captar inversión, pero hemos olvidado garantizar el arraigo; hemos construido metros cuadrados, pero no hemos construido comunidad.
El riesgo de perder capital humano
El riesgo es evidente. Si los jóvenes no pueden vivir en el país, si las familias no encuentran estabilidad, si los profesionales cualificados se marchan en busca de oportunidades más equilibradas, la misma prosperidad que hoy nos halaga podría desvanecerse. Ninguna sociedad puede sostener su futuro si expulsa a quienes deben construirlo. Y ningún país puede hablar de progreso real si una parte crece desmesuradamente mientras la otra sobrevive con angustia.
Soluciones posibles y oportunidad de cambio
Aun así, no todo está perdido. Existen ejemplos de modelos alternativos que podrían inspirarnos: el flex living y el coliving como formas de vida más accesibles y comunitarias; la rehabilitación del parque existente con criterios de eficiencia energética; o la promoción de vivienda pública y concertada, en colaboración con el sector privado y las parroquias.
También sería necesaria una redefinición fiscal del suelo para penalizar la especulación inactiva e incentivar el alquiler de larga duración. Sin embargo, sobre todo, es imprescindible un pacto de Estado por la vivienda, transversal e intergeneracional, que supere la visión corta de los cuatro años de mandato y sitúe la política de vivienda en el centro del proyecto de país.
La vivienda como pilar de cohesión y dignidad
La vivienda no es solo un bien económico, es un derecho social, una condición de dignidad y un factor esencial de cohesión. Donde vivimos determina cómo vivimos, y la manera en que una sociedad resuelve su acceso a la vivienda dice mucho más sobre su nivel de desarrollo que cualquier indicador macroeconómico. Andorra tiene hoy una oportunidad histórica para corregir el rumbo y demostrar que la prosperidad puede ser compatible con la justicia social. Solo hacen falta voluntad, visión y sensibilidad.
Una mirada al futuro que queremos construir
Me gustaría pensar que, dentro de unos años, podremos hablar de un país donde el valor de un piso no sea medida de la desigualdad, sino testimonio del equilibrio alcanzado. Donde cada joven pueda imaginar un futuro en el lugar donde ha nacido, donde cada familia encuentre estabilidad y donde la inversión extranjera continúe llegando, pero al servicio de un modelo sostenible y compartido.
Este es el reto: transformar un éxito económico aparente en un éxito humano real. Y esto solo será posible si la vivienda deja de ser un lujo y vuelve a ser lo que siempre debería haber sido: un hogar para vivir, no un activo para especular.
