Me gustaría partir de la propuesta de reflexión colectiva que nos planteaba nuestro Cap de Govern, y del valor que quiero atribuirle desde la perspectiva del empoderamiento real del ciudadano, que —más allá del papel tradicional del Gobierno, las instituciones públicas y los partidos políticos del país— veo claramente representado por lo que el propio Cap denomina “sociedad civil”. Este colectivo heterogéneo de ciudadanos tiene, como mínimo, el derecho a implicarse; en algunos casos, incluso el deber. Abarca instituciones tan diversas como sindicatos, colegios profesionales, asociaciones empresariales, educativas, culturales o deportivas, organizaciones no gubernamentales (ONGs), entre otras. Es decir, prácticamente cualquier persona puede integrarse o, al menos, sentirse representada por ella. Otra cosa es cómo coordinar, gestionar y extraer conclusiones de un colectivo tan amplio.
Hoy en día, nadie duda de que la sociedad andorrana está claramente angustiada por la incertidumbre que genera la cuestión de la vivienda. De hecho, es un tema que nos bloquea hasta tal punto que nos incapacita para mirar más allá e impide que participemos en una reflexión razonada sobre nuestro futuro social y económico. Por tanto, para que la sociedad civil pueda implicarse con ganas en esa “reflexión colectiva” proyectada, primero debemos aliviar esa carga emocional que supone el tema de la vivienda y el poder adquisitivo.
Es por eso que el trabajo de reflexión colectiva sobre el presente debe empezar por un tema tan motivador como puede ser la planificación estratégica para solucionar la escasez de vivienda y sus elevados precios. Imaginemos lo provechoso que sería acercar la realidad del problema al ciudadano mediante datos y cifras, y cómo esto podría ayudar a construir una opinión más empírica. Esto permitiría, por un lado,superar críticas gratuitas y contribuir a combatir la actual desafección política, y por otro, fomentar la búsqueda de soluciones mejor fundamentadas y, sobre todo, con el máximo consenso posible.
En relación con esta oportunidad de encontrar soluciones, hace unas semanas se conocía una iniciativa que proponía, como solución de emergencia al problema de la vivienda, que el Gobierno invirtiera en la compra de pequeñas casas prefabricadas, e incluso proponía ubicarlas en terrenos de titularidad pública. A esta iniciativa se han sumado algunos Comuns que han visto en las construcciones modulares prefabricadas una oportunidad para crear viviendas, especialmente para los trabajadores temporeros. Todo esto sigue siendo incompleto y poco definido, aunque no deja de generar cierta esperanza de que, por fin, se empiece a entender a quienes llevamos años —y no pocos— proponiendo el desarrollo de una estrategia de país basada en la identificación de las necesidades reales de vivienda, tanto presentes como futuras, en la localización de suelo público en todas las parroquias y en la planificación, diseño y construcción de viviendas prefabricadas, que ahorrarían tiempo y dinero y permitirían ofrecer a los ciudadanos un hogar acorde a su poder adquisitivo.
Podríamos entrar en todo tipo de detalles, como ya hemos hecho en el pasado, y explicar que Andorra tiene una oportunidad histórica de demostrar al mundo nuestra capacidad para resolver de forma sostenible y eficiente el problema de la vivienda de nuestra población. Superando los estigmas del “vivienda social”, podemos ofrecer a nuestros ciudadanos auténticas “unidades de vida” dignas, con todas las prestaciones y comodidades. Pero lo más importante ahora es que mis ya conocidas ARE’s o Áreas Residenciales Estratégicas lleguen a ponerse sobre una mesa de debate y negociación con la representación más transversal posible de la sociedad civil —entendida como la hemos definido antes— y que de ese proceso surja una estrategia encaminada a resolver, de una vez por todas, la cuestión de la vivienda.
Sí, yo también puedo imaginar un ARE en los antiguos terrenos públicos de Ordino donde debía instalarse Grifols, aunque el concepto de ARE va mucho más allá. Por eso, es urgente impulsar esta reflexión colectiva, para que, con la implicación activa de la sociedad civil, podamos obtener tanto soluciones al problema actual como una planificación estratégica de país a 25 años vista. De ahí la grandeza del diálogo que se propone y la esperanza de que no quede solo en un clásico mensaje de fin de año sin continuidad.
