¿Cómo puede influir el nuevo impuesto español tipo Exit Tax sobre acciones y participaciones a nuevos residentes fiscales andorranos procedentes de España?

Posted by Lluís Serra
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En primer lugar, debemos precisar que la Ley 26/2014 introdujo sustanciales modificaciones al IRPF español, entre los que se incluye el Exit tax o impuesto de salida. Este, grava las plusvalías latentes de determinadas acciones y participaciones propiedad del contribuyente que emigra.
Concretamente el artículo 95 bis de la Ley del IRPF nos dice que el cambio de residencia de una persona física de España al extranjero puede suponer, si se dan determinadas condiciones, que se graben algunas ganancias patrimoniales. Con lo que el artículo 95 bis está gravando realmente la variación del valor de determinados bienes y no la obtención de renta. Así que realmente lo que ha hecho el legislador es regular este gravamen dentro del IRPF, cuando éste supone en sí un nuevo tipo impositivo pues es de diferente naturaleza que el IRPF.

¿Quién es contribuyente?
Como ya hemos mencionado, es contribuyente por el nuevo gravamen aquel que es contribuyente del IRPF español y que, como consecuencia de emigrar y cambiar su residencia, pierde esta condición. Eso sí, también es necesario que éste haya sido contribuyente durante diez de los últimos quince períodos impositivos anteriores al último que deba declararse antes de cambiar de residencia. Este requisito se debe a que el artículo 95 bis se basa en una pura ficción conceptual al no establecer una correlación entre la estancia en el territorio del accionista y la plusvalía generada de forma latente. Así pues, se necesita al menos un tiempo de permanencia en el estado (español en este caso) que le dé solidez al nuevo impuesto. Además, es necesario que el gravamen cumpla con unas circunstancias cualitativas y cuantitativas: Para ser contribuyente de este impuesto hay que ser titular, en fecha de devengo del último período impositivo, de acciones o participaciones que representen un porcentaje de participación en una entidad superior al 25%. En este caso, el valor de estas acciones debe exceder de 1.000.000 €. También se será contribuyente si el valor global de las acciones excede los 4.000.000 € sin requisitos de porcentajes de participación.
Para tener en cuenta la base imponible, será necesario que la plusvalía latente sea medida como la diferencia positiva entre el valor de marcado de las acciones o participaciones y su valor de adquisición. El valor de mercado se determina de acuerdo con las normas previstas en la Directiva 2004/39 / CE.

También es importante indicar que si el obligado tributario adquiriera de nuevo la residencia española y en consecuencia la condición de contribuyente sin haber transmitido la titularidad de las acciones o participaciones, podría solicitar la rectificación de la autoliquidación que presentó. Así podría obtener la devolución de las cantidades ingresadas al emigrar.
Entrando a valorar las repercusiones de este impuesto, debemos decir primeramente que nos encontramos ante una figura ficticia que no encaja en la dogmática del IRPF. De hecho, resulta evidente que mucho de los países que la han implementado, como Francia, Canadá, Países Bajos, Dinamarca y otros han justificado su incorporación como manera de evitar la evasión fiscal. No obstante, si un potencial residente en Andorra fuera contribuyente de este impuesto, consideramos que estaría pagando injustamente una medida desproporcionada por parte de la legislación tributaria española. Si bien es cierto que los mínimos exentos son muy altos y la sujeción a dicho impuesto se realmente excepcional, esto no implica que en este caso no se esté estableciendo una presunción de evasión fiscal sobre el obligado tributario.
En esta línea se pronunció el Tribunal de Justicia de la Unión Europea constatando que el traslado del domicilio de una persona física fuera del territorio de un Estado Miembro no puede implicar, por sí solo, una evasión fiscal. Así pues, el propio tribunal reconoció que el principio de libertad de establecimiento se opone a que un Estado Miembro establezca un régimen de imposición sobre plusvalías para prevenir un riesgo de evasión fiscal en el caso de traslado del domicilio fiscal de un contribuyente fuera de este Estado.

De este modo constatamos que los Exit Tax gravan el patrimonio del emigrante y no su renta, lo que hace que la figura sea, no sólo forzada y puesta con calzador en la Ley de El IRPF, sino innecesaria en la mayoría de casos. A la vez entendemos que es una medida que restringe la libertad de desplazamiento de los individuos. Los contribuyentes españoles en concepto de IRPF que sean también contribuyentes de este impuesto para poder ser subsumidos en su definición y características, se verán perjudicados por una ficción legal en forma de impuesto acuñado dentro de la ley de otro impuesto con el que no guarda una relación de naturaleza.

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