Ejercer un cargo de administrador implica realizar actividad económica a efectos de IGI

Posted by Lluís Serra
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Actividad Económica

La retribución de administrador es considerada por expresa disposición legal como un rendimiento de actividad económica en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), y adicionalmente, los administradores están sometidos a obligaciones censales, derivadas del comunicado técnico del 15-05-2017 sobre la inscripción censal en el Registro de Empresarios y Profesionales de los administradores y miembros de órganos de administración de sociedad mercantiles u otras entidades.

Una de las cuestiones más controvertidas, y hasta la fecha sin un pronunciamiento claro por parte de la Administración, es la consideración de empresario o profesional por el mero hecho de actuar como administrador o parte del órgano de administración de sociedades mercantiles en el Principado de Andorra.

No obstante, ninguno ha sido el pronunciamiento sobre si, a efectos de imposición indirecta, los administradores y miembros de órganos de administración retribuidos tienen la consideración de empresarios o profesionales a efectos del Impuesto General Indirecto (IGI).

Primeramente es importante destacar que un socio y administrador puede realizar funciones de naturaleza laboral, como tareas de alta dirección, que no tendrán la consideración de rendimientos de actividades económicas sino de rendimientos del trabajo, siempre que se realicen por cuenta ajena y con carácter de dependencia, y siempre dentro de los límites establecidos por el Código de Relaciones Laborales. En estos supuestos la Ley del IGI (LIGI) no sujeta, por expresa disposición legal, los servicios prestados por personas físicas en régimen de dependencia laboral.

No obstante, si no podemos determinar que el administrador actúa por cuenta ajena con carácter de dependencia, se presumirá que los servicios prestados por el administrador, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 20/2007, del 18 de octubre, de sociedades anónimas y de responsabilidad limitada, tendrán la consideración de actividad económica. Por tanto, y haciendo remisión a la definición que otorga la LIGI, se presume que todo administrador ordena por cuenta propia factores de producción materiales y humanos, o alguno de estos factores de producción, con la finalidad de intervenir en la producción o distribución de bienes o en la prestación de servicios.

Las consecuencias de esa presunción son destacables, ya que si bien a priori la incidencia en el coste fiscal de los obligados tributarios es poco relevante en la mayoría de casos debido al componente de neutralidad de la imposición indirecta, las obligaciones formales deben acometerse de forma rigurosa para no incurrir en las sanciones previstas en la Ley de Bases del Ordenamiento Tributario (LBOT).

No obstante, cabe recordar que la Ley del IGI excluye de la consideración de empresario o profesional a los obligados tributarios cuya cifra de negocios anual no exceda de 40.000€, salvo que opten de forma expresa a ser considerados como tal. Por lo tanto, todos los administradores retribuidos por debajo de esa cifra de negocios no serían considerados como empresarios o profesionales.

En conclusión, todo administrador o miembro de órganos de administración cuya retribución anual por el ejercicio de ese cargo supere los 40.000€ será considerado empresario o profesional a efectos de IGI y deberá acometer todas las obligaciones que eso comporta, siendo las más relevantes la repercusión del impuesto mediante factura completa, la presentación de las declaraciones fiscales con la periodicidad correspondiente y el ingreso de la deuda tributaria.

Es de vital importancia analizar la casuística particular, ya que muchos obligados tributarios no eran conscientes de esta obligación, y por lo tanto, pueden producirse consecuencias fiscales relevantes de no regularizar la situación con apremio. Adicionalmente, la LBOT prevé sanciones de defraudación que, de no motivar debidamente la interpretación razonable de la norma y la postura del obligado tributario, podrían resultar de aplicación.

Para la resolución de cualquier duda, puede contactar mediante Correo Electrónico (info@augelegalfiscal.com) con nuestro equipo de profesionales que le asistirá en esta materia.

Normativa Aplicable

Decret legislatiu del 5-04-2017 de publicació del text refós de la Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’impost general indirecte.

Comunicat tècnic del 15-05-2017 sobre la inscripció censal en el Registre d’Empresaris i Professionals dels administradors i els membres d’òrgans d’administració de societats mercantils o d’altres entitats.

Decret legislatiu de publicació del text refós de la 20/2007, del 18 d’octubre, de societats anònimes i de responsabilitat limitada.

Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari. Llei 35/2008, del 18 de desembre, del Codi de relacions laborals.

 

Departament Fiscal 

Augé Legal & Fiscal

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